Andrés Cañizález
Para muchos analistas, el México de hoy sencillamente refleja la guerra de los narcos que vivió Colombia hace dos décadas. Se dice fácil y rápido, pero difícil es contar por miles las víctimas de la violencia, y por decenas el número de periodistas que han sido asesinados en suelo azteca. Hasta el 12 de julio la contabilidad fúnebre de la profesión de informar arrojaba que once periodistas habían sido asesinados en México desde que comenzó el año 2010, convirtiendo tempranamente a este año en el más mortífero desde que comenzó el siglo XXI.
Desde el año 2000, México –y especialmente las ciudades medianas y pequeñas- ha visto desaparecer a 67 periodistas. Una cifra nada envidiable que coloca a éste país como el más peligroso del continente para ejercer la comunicación social, sólo comparable con naciones que viven un conflicto armado, tal es el caso de Irak o Afganistán. De hecho, en este 2010, México tiene el detestable privilegio de ser el primero. Se vive, literalmente, la hecatombe para el periodismo.
Algunos de los últimos hechos ayuden, tal vez, a imaginar el clima de impunidad en el que operan los narcos, una suerte de poder fáctico en algunos estados norteños. Tal como lo recoge Reporteros Sin Fronteras, el 10 de julio, de forma casi simultánea, resultaron asesinados los periodistas Marco Aurelio Martínez Tijerina, de 45 años de edad, y Guillermo Alcaraz Trejo, de 24 años, quienes residían en los estados de Nuevo León y Chihuahua, en el norte de México.
Martínez Tijerina, periodista de la sección local de la radiodifusora XEDD Radio La Tremenda, fue encontrado muerto la tarde del sábado en Montemorelos, en el estado de Nuevo León. La noche del viernes 9 de julio un grupo de hombres armados a bordo de tres camionetas “levantó” al periodista en plena calle. Horas después de que su familia denunciara su secuestro, una llamada anónima informó a las autoridades que habían encontrado el cuerpo del periodista, asesinado de un balazo en la cabeza. Según los primeros avances de la investigación, el periodista también fue torturado.
Guillermo Alcaraz Trejo, ex camarógrafo de diversos medios de comunicación locales, dirigía el área de video del sitio web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Cuando el periodista salía de las oficinas de un periódico, a donde había ido a saludar a sus antiguos colegas, hombres enmascarados dispararon contra él. Los expertos encontraron más de 40 impactos de bala de fusil AK-47.
Definir a México como hecatombe no es un calificativo gratuito. En el espacio de los quince días previos al 12 de julio, cinco periodistas resultaron asesinados. Se trata de una violencia sin cuartel alimentada por la impunidad que parece reinar en México, y de la que –lamentablemente- se benefician los asesinos de los periodistas. La situación no mejoró, y al contrario parece empeorar, pese a la instauración, en febrero de 2006, de una Fiscalía Especial de Atención a los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). La creación de dicha dependencia oficial tampoco a puesto freno, efectivamente, a la impunidad.
Una misión internacional de Reporteros Sin Fronteras que estuvo en México el año pasado, y sostuvo numerosas entrevistas, incluso al más alto nivel oficial, constató que la situación del asesinato de periodistas sobrepasa la capacidad de respuesta institucional del país. Se combinan, de forma lamentable, elementos como la pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones y funcionarios a nivel local y nacional. Todo lo cual contribuye a que el ejercicio del periodismo sea una suerte de calvario, una apuesta personal con alto riesgo de ser asesinado, torturado o secuestrado.
El drama se amplía notablemente por la infiltración del crimen organizado en algunos engranajes del poder político, militar o policial. La respuesta oficial de abrir una ofensiva militar contra los narcos, de facto, ha generado una situación bélica generalizada en algunos estados mexicanos.
Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión. Por un lado, vulnera en forma grave el derecho individual a la vida del periodista, y suprime en forma radical su derecho a expresarse, pero al mismo tiempo tiene un impacto social, pues cercena el derecho de toda la sociedad a contar con información sin cortapisas. El asesinato de periodistas busca acallar, atemorizar a los que informan. Teniendo como telón de fondo este efecto de amedrentamiento, la vulneración de la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión se hace aún más grave por el efecto de autocensura que tiene, sobre los demás trabajadores de la comunicación social, el asesinato de cada periodista.