Antonio Pasquali pidió a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que “se le devuelva el carácter republicano, libre y plural” a todos los medios financiados por el Gobierno Nacional.
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Los comunicólogos Antonio Pasquali, Elizabeth Safar y Oscar Lucien, ex directores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco), denunciaron ante la Defensoría del Pueblo los abusos y la posición dominante del Presidente de la República con todos los medios radioeléctricos y telemáticos del Estado.

“Denunciamos por abuso de posición dominante al ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez con todos los medios radioeléctricos y telemáticos del Estado que deben ser utilizados como servicio publico y deben estar sometido al principio del pluralismo que establece los artículos 26 y 58 de la Constitución de Venezuela”, dijo Pasquali a la salida de la Defensoría del Pueblo.

Pidió a la defensora Gabriela Ramírez que “se le devuelva inmediatamente, en vista de las próximas elecciones, su carácter republicano, libre y plural a todos los medios financiados por el Gobierno y se cree una autoridad independiente donde estén representados todos los partidos políticos del juego democrático nacional”.

“Los medios deben ser servicios públicos de la ciudadanía, donde cada ciudadano se sienta representado y no insultado como en la actualidad”, destacó.

Aseguró que Radio Nacional de Venezuela, Canal 8 y los demás medios del Estado, “son instrumentos de propaganda del partido en el poder (PSUV), del régimen que gobierna este país. Nadie tiene acceso, ninguna voz de la disidencia cuando un servicio publico debe ser absolutamente modelo de imparcialidad”.

Explicó que un análisis efectuado el año pasado demostró que “de casi mil tips de información durante un día en el canal público, 960 eran de origen gubernamental cuando en el principal canal de la oposición que es Globovisión eran casi 500, lo cual demuestra que el servicio privado esta prestando mejor servicio público que los medios del Gobierno”.

Por su parte, la profesora Elizabeth Safar, exhortó a la Defensoría y a la Fiscalía a actuar apegados a la Constitución.

“Nosotros necesitamos que se respete la Carta Magna (…) La Defensoría y la Fiscalía que se supone son instancias que tiene el ciudadano para poder utilizar y reclamar el cumplimiento de su derecho y el ejercicio de sus libertades, no han actuado tal como lo señala la Constitución”, expresó.

Gobierno incita al odio

Asimismo, Oscar Lucien, también denunció que el Poder Ejecutivo utiliza los medios públicos “para criminalizar e incitar al odio y así crear la sensación de zozobra permanente, respecto a que si aquí gana un sector no adherente del Gobierno, habrá un clima de convulsión, de guerra. Esto hay que verlo con mucha claridad porque según la legislación vigente este tipo de actuaciones están penalizadas por la ley”.

Expresó que “la libertad de expresión es el derecho fundamental que tiene una democracia, la posibilidad de decir lo que nosotros sentimos y creemos sin tener temor de represalias”.

Aclaró que el Presidente de la República, “no tiene la autoridad ni legitimidad para usar los medios públicos como cadena, lo único que le permite la ley es que los servicios privados le den espacios gratuitos para informaciones especiales pero en ningún momento utilizar la cadena. Cuando se hace la cadena, lo que ocurre es un cierre automático de todos los medios de comunicación y eso es bastante grave”.

Pasquali, Lucien y Safar, fueron recibidos por la procuradora de Atención al Ciudadano, Emiliana Medina quien se comprometió a entregar la carta a la defensora Gabriela Ramírez.

Alicia De La Rosa
EL UNIVERSAL