Andrés Cañizález

El país se encuentra en una suerte de vertiginosa carrera, en la cual el gobierno va poniendo a prueba las diferentes resistencias democráticas de la sociedad. En materia de libertad de expresión es notable la capacidad de aprendizaje que ha tenido el gobierno, especialmente después de los costos políticos, internos e internacionales, que tuvo el cese de RCTV en la señal abierta. Ahora la estrategia no está conducida en contra directa de los medios, sino que se apelan a acciones para presionar, chantajear o vilipendiar a propietarios o directivos de los medios incómodos. Globovisión es, en ese sentido, un caso emblemático.

Tratemos, sin embargo, de que un árbol no nos impida ver la totalidad del bosque. Cuando se hace un balance general en materia de libertad de expresión, la Venezuela gobernada largamente por Hugo Chávez no parece pasar la prueba, si nos guiamos por un reciente indicador con diez aspectos esenciales para el desarrollo de este derecho humano fundamental. Los ítems emanaron de una reunión de relatores de la libertad de expresión, entre los cuales estaban representantes tanto de la OEA como de ONU. Repasemos estos aspectos y su relación con Venezuela.

En primer lugar aparece el uso de “mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación”, y es justamente una materia en la cual nuestro gobierno podría dar lecciones de cómo ir achicando la libertad de acción de los medios a través de diversos esquemas de restricción, por ejemplo con el manejo discrecional de la publicidad oficial y la entrega y revocatoria de concesiones de radio y televisión. El cerco impuesto a Globovisión, no para cerrar el medio, sino con el objetivo de que cambie su línea editorial puede ser claro ejemplo de este primer aspecto.

La existencia de la “difamación penal” es el segundo aspecto de la lista, y no puede obviarse que este recurso no sólo fue ratificado por la actual Asamblea Nacional sino que también se ampliaron las penas de cárcel. El mismo día en que se ordenaba la detención de Guillermo Zuloaga, un juez de Carabobo dictó una singular sentencia, amparándose en el Código Penal e incluso superando las penas de este instrumento. De esa forma el veterano columnista Francisco “Pancho” Pérez resultó inhabilitado profesional y políticamente.

Una tercera categoría de evaluación está en la “violencia contra periodistas”, aspecto que ha tenido en el país, a lo largo de una década, incontables expresiones de lo que podríamos denominar como violencia de baja intensidad, pues no tiene como objetivo asesinar a los comunicadores, tal como ocurre en México, sino que son hechos –igualmente violentos- pero que persiguen amedrentar a sus víctimas. Lina Ron y el colectivo La Piedrita cuentan con sobrada experticia en dicho campo.

Un cuarto punto en el cual Venezuela sale reprobada es en relación a los “límites al derecho de acceso a la información”. Se trata de que los ciudadanos cuenten con la posibilidad de acceder a la información en manos de los poderes públicos, sin ningún tipo de restricción. En este campo se han registrado notables retrocesos, incluso en el acceso de periodistas a las ruedas de prensa oficiales. Un quinto ítem tiene que ver con la “discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, y acá cabe acotar que pese a un discurso que en teoría busca la inclusión social, en materia de expresión y acceso a los medios no hay cambios sustantivos: mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales, siguen sin ejercer plenamente sus derechos comunicativos, incluso en los medios del Estado. El punto seis dela prueba se refiere a las “presiones económicas” contra los medios, para variar sus líneas editoriales. Es un punto que tradicionalmente se ha identificado con los consorcios privados, pero en Venezuela tales presiones provienen hoy fundamentalmente del Estado que literalmente chantajea a los medios con la asignación de su propia publicidad y presiona a entes privados para que varíen su pauta publicitaria de acuerdo con criterios políticos. Tal Cual es un caso paradigmático de cómo el gobierno actúan en dos direcciones, no le otorga avisos por un lado, y presiona a las entidades que se publicitan en el diario.

En séptimo lugar aparece el “apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, que en Venezuela sí se produce, pero condicionado por la agenda política, con lo cual la mayoría de estos medios, que debería servir a comunidades están al servicio del gobierno.  En el documento seguidamente aparece la relación entre “seguridad y libertad de expresión”, pues históricamente se ha colocado como excusa la seguridad nacional para restringir la expresión, cuestión que ha cobrado fuerza en Venezuela en los últimos meses, con algunos procesos judiciales.

En los dos puntos finales de la lista, del deber ser, “libertad de expresión en Internet” y “acceso a tecnologías de información y comunicación” la valoración del país puede tener visos positivos, aunque con riesgos especialmente en materia de libertades. Ha habido ciertamente una expansión en el uso y acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, y en ello el gobierno ha hecho esfuerzos, pero al mismo tiempo importantes funcionarios dejan entrever la necesidad de que haya más controles.

Al evaluar estos diez aspectos, en su conjunto, caben pocas dudas, Venezuela está lejos, muy lejos, del deber ser en materia de libertad de expresión e información.