Andrés Cañizález

El pasado 3 de febrero tuvo lugar una significativa reunión de calificados defensores internacionales de la libertad de expresión. Se trató de una cita en la que se encontraron el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Se produjo una declaración conjunta, que al contrario de otras ocasiones, en las que enfatizaban un aspecto, en esta oportunidad estos expertos decidieron hacer un ejercicio prospectivo, de esa forma en un comunicado común, que también se distingue por su extensión y detalles, señalaron los principales desafíos para la libertad de expresión en la próxima década.

Los relatores destacaron los avances registrados en el campo de la libertad de expresión durante la última década pero también expresaron su preocupación por los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio de este derecho. En particular enfatizaron los problemas que surgen por la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, las presiones políticas, comerciales y sociales sobre los medios de comunicación, la falta de tolerancia al pensamiento crítico por parte de los gobiernos y la necesidad de implementar más y mejores mecanismos para lograr la inclusión al proceso comunicativo de los sectores excluidos. Una versión completa de esta valiosa declaración puede leerse en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/18-10sp.htm

Los retos más importantes mencionados en esta declaración se refieren a los siguientes asuntos: 1) la existencia de mecanismos ilegítimos de los gobiernos para controlar los medios de comunicación; 2) la existencia de leyes penales que criminalizan la crítica; 3) la creciente violencia contra periodistas y comunicadores; 4) la necesidad de reforzar la vigencia e implementación del derecho de acceso a la información; 5) la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; 6) las presiones económicas que limitan la libertad de expresión; 7) la falta de un marco regulatorio que garantice la existencia, independencia y el adecuado sostenimiento de las emisoras públicas y comunitarias; las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional, 9) los riesgos que existen sobre las nuevas tecnologías y, en particular, sobre Internet; y 10) la urgencia de garantizar el acceso de todos a Internet.

Cuando se revisan estos ítems salta a la vista que al menos ocho de estos diez desafíos son también una asignatura pendiente para Venezuela. Es decir, en casi todos los puntos presentados por los expertos como los más agudos para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, hay problemas concretos presentes en la Venezuela de hoy. Cuando se mira el horizonte político se perciben vientos de cambio, a través del ejercicio democrático del voto en este 2010, con las elecciones parlamentarias, y en 2012, cuando tengan lugar los comicios presidenciales; lo cierto del caso es que estos procesos deben arrojar más pluralismo político en el país y eso tendrá, necesariamente, repercusión en un derecho humano básico como la libertad de expresión.

En esta oportunidad, por razones de espacio, nos detendremos solamente en uno de los puntos álgidos que los relatores plantearon como desafío, a nivel internacional, pero el cual sin duda alguna tiene conexión directa con Venezuela. En otras columnas volveremos sobre los otros aspectos.

Ocupa el primer lugar en el ranking de preocupaciones, y ello no es casual, el hecho de que los gobiernos no juegan limpio en su afán de controlar a los medios de comunicación. Venezuela puede considerarse una suerte de laboratorio en dicha materia. En 2007 como en este 2010, el gobierno de Hugo Chávez usó subterfugios legalistas (es difícil decir que es legal cuando se hace un uso arbitrario del poder) para en primera instancia dejar sin permiso de televisión abierta a RCTV, y ahora también sacar de la televisión paga al canal de Quinta Crespo. Ambos procesos pusieron en evidencia dos aspectos que preocupan a la comunidad internacional que defiende la libre expresión: no hay en nuestro país organismos autónomos que apliquen la ley en materia de comunicación social, pues obviamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es absolutamente dependiente de los deseos del ejecutivo y que a la cabeza de ésta se encuentre Diosdado Cabello confirma el rol político de dicha instancia; igualmente preocupa que las decisiones que toma el ejecutivo no dejan espacio para la legítima defensa que tienen todos en nuestro país, incluyendo a los medios de comunicación. El ministro Cabello, en julio pasado, cuando ordenó el cierre de las 34 estaciones –principalmente de radio- anunció la medida un viernes en la noche, se aplicó a la medianoche y los afectados sólo podían apelar la medida el día lunes, cuando ya había sido ejecutada. Así se cerraba el camino para que estos medios apelaran la decisión del ejecutivo.