No me cuento entre los fanáticos de Alberto Federico Ravell. Bajo su dirección el canal Globovisión paso a ser una trinchera opositora, que de retruque –como se dice en criollo- en no pocas ocasiones fue exhibida como un trofeo por el gobierno

Como que se nos fue de la mano, y decidimos ponerle un tapón. Bala, ley, intimidación y hasta acuerdos transnacionales. Movido el escenario, echados a andar los actores, implicados los ciudadanos; pero no pinta abierto el horizonte

El 7 de noviembre estuvo retenida y fue golpeada en La Habana la bloguera Yoani Sánchez. Su blog “Generación Y” cuenta las visitas por millones, desde distintos lugares del planeta, y ha sido ampliamente reconocido, pero aún así no es la primera vez que su autora sufre en carne propia la represión

El Observatorio Global de Medios de Venezuela considera necesario llamar la atención de la opinión pública y del poder legislativo sobre el proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos, presentado por la fiscala, doctora Luisa Ortega.

La Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información manifiesta su preocupación por acciones que están siendo promovidas por autoridades de los distintos poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela y que resultan en desmedro del ejercicio de la libertad de expresión en ese país.

Miguel Ángel Latouche

Se nos ha presentado un argumento más o menos sutil, con el cual se pretende cerrar el asunto: La inconsistencia en la documentación de algunas emisoras de radio motivó la orden de cierre.

Vladimir Villegas
El proyecto de ley de delitos mediáticos, tal y como está redactado, es un instrumento para darle rango legal a la censura y a la autocensura, y una lectura detallada de esa propuesta nos conduce a afirmar que entra en clara contradicción con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza de plano el derecho de los ciudadanos a la libre expresión del pensamiento y a recibir información oportuna, veraz, imparcial y no censurada.

En enero de 1964, The New York Times publicó un aviso pagado por una
organización activista de la lucha en pro de los derechos civiles.

El aviso sugería que muchos funcionarios públicos del sur de los
Estados Unidos actuaban con ventajismo, cuando no en abierta violación
de la constitución, en su combate contra el movimiento en favor de los
derechos civiles.

El CNP actúa como un partido político. El CNP es una organización
gremial, con clara vocación pública, comprometida con la defensa de la
Constitución. Mucha risa da escuchar ese argumento de algunos
fablistantes que hoy militan en el PSUV.

Podríamos estar de acuerdo con el presidente Chávez en su crítica
radical al capitalismo salvaje que, en su afán de lucro desmedido,
está extendiendo la macropobreza por el mundo.